Cuando en 1995 Chile decidió importar gas natural desde Argentina y firmó el protocolo de integración gasífera con el vecino país, jamás sospechó el nefasto desenlace que tendría esta iniciativa en su matriz energética. Hasta esa fecha, “Chile se abastecía en un 65% de hidroelectricidad”, precisa Alfonso Guijón, jefe de Proyectos de Poch Ambiental -consultora chilena de ingeniería y proyectos ambientales-, pero con la promesa de que el hidrocarburo sería más barato y menos contaminante, la industria local se lanzó a la construcción de gasoductos y plantas termoeléctricas a gas natural. Adicionalmente, el país adaptó sus complejos eléctricos para operar a base del hidrocarburo, lo cual supuso inversiones millonarias. De forma paralela, el Gobierno aprobó leyes para promover el consumo de gas natural y desalentar las centrales hidroeléctricas, transformando al nuevo suministro energético en una política de Estado. Se firmaron contratos a 20 años y más para generar el 40% de la e...